Es lamentable que en Nicaragua, uno de los países que conforman Centroamérica, con más de 130 mil kilómetros de territorio, sigamos siendo célebres, no por premios literarios, ni musicales, mucho menos científicos.
Nicaragua, sigue encabezando la lista de los países más pobres del mundo, sufrimos las consecuencias de una crisis socio-política, propiciada por los desmanes del titular del Ejecutivo (Daniel Ortega), que quiere mantenerse en el poder y someter a sus adversarios.
Estamos en manos de un Ejército, en principio señalado por manejar y enriquecerse de infinidad de negocios turísticos, hoteleros etc. Mismos que por transparencia, deberían ser auditados por una Controlaría General de la República imparcial, profesional y con gente idónea para fiscalizar.
Seguido que su jefe, el general Julio César Avilés, declara y actúa a conveniencia. Y sin importar que su cuerpo armado haya jurado ser fiel a la Constitución Política y a las leyes del país, la promesa quedó en el olvido y su único esfuerzo es servir y obedecer al “presidente “ aunque implique abandonar al pueblo.
De igual manera, la Policía, dirigida por un caudillo que pretende seguir en el poder y mantener sometidos a sus adversarios; la misma institución que en algún momento fue respetada y “alabada”, es ahora señalada por la iglesia católica, la ciudadanía y organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales de no respetar los derechos fundamentales del pueblo.
Estas situaciones, alejan al país de ser un Estado democrático, donde se respete la vida e integridad del soberano, que es el pueblo. Por esta razón, los organismos de Derechos Humanos, diversas representaciones de la sociedad civil e incluso algunos mandos de los partidos políticos, insisten en la urgencia de llevar a cabo en el menor tiempo posible, comicios con un sistema electoral garante y respetuoso de la voluntad popular, con activa y creíble observación electoral.
Sin embargo, esta petición no ha sido aceptada por el Ejecutivo, no hay repuesta positiva y en las elucubraciones de los actos públicos, Ortega y su círculo asegura gozar de legitimidad y apoyo popular.
Han advertido, que se mantendrán en el poder hasta 2021 y que en esos comicios también saldrán victoriosos.
Como si la lista fuera corta, oficiales de la Policía en Masaya, manosearon, encarcelaron y mandaron a juicio a una defensora de Derechos Humanos, cuando esta al ser objeto de un abuso de autoridad y sin nadie que la auxiliara respondió a un oficial con una cachetada. Además, la Corte Suprema de Justicia inicio un “proceso indagatorio”, que finalizó con la suspensión de su licencia como abogada por 6 meses.
Avanzamos con las etapas
Lo anterior parece de película, pero hay más, luego de las decenas de asesinados (325 hasta noviembre de 2018 , registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), ahora vamos con la “sexta etapa”, llamada así por expertos en seguridad.
En esta, grupos de facto con armas de guerra se han dedicado a las “ejecuciones sumarias y selectivas” a ciudadanos implicados en protestas o en claro desacuerdo con el régimen en el poder y aunque (Julio César Avilés), lo niegue, las evidencias y las denuncias sobran y han sido difundidas por diversos medios.
Un prófugo con grandes beneficios
Y para no hacer más largo esto, el ex-presidente de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, asilado político desde 2016, fue nacionalizado junto a toda su familia.
Este señor y su hijo Diego Funes Cañas, fungen como “ asesores” de Ortega. Él, cobra a las arcas del estado nicaragüense un salario de 90,000 córdobas mientras que su hijo ronda los 47,000 mensuales.
Funes Cartagena, es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares.Con el beneficio de nacionalización, no podrá ser extraditado mientras se mantenga el régimen orteguista, como lo había dicho el actual presidente de el vecino país Nayib Bukele.
Tampoco es intocable
Lo cierto es que si en Nicaragua, hay cambio de mandato, la nacionalidad otorgada se puede revocar y a Funes Cartagena le quedará la opción de refugiarse en uno de los países “no alineados”, como Cuba, ser extraditado o entregarse a la justicia.Esto último claramente no pasará.
Luego que las redes sociales explotaran con la insólita nacionalización de la familia del ex mandatario salvadoreño, “en evidente tono de humildad y modestia” Funes Cartagena escribió en su Twitter:
“Con esto de la extradición cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución… “ este comentario lo sustentó con un pantallazo del artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua.
Espero que Funes Cartega, no haya olvidado el caso de la reconocida activista y feminista Ana Quirós, a quién con más de 20 años de tener la nacionalidad nicaragüense y sin ser acusada de ningún delito, fue expulsada del país por un tema meramente político.
Un dicho popular reza “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.
¿Hasta cuándo mi Nicaragua, hasta cuándo?
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